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La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. condena el artero crimen que sufrió la familia Benítez Barrios la madrugada de este 23 de mayo en el municipio de Jiutepec, Morelos, asesinando a doña Petra Benitez, de 59 años de edad, de su hijo José Adame Benítez de 22 años y su nieto José Angel de 4 años de edad, por un comando armado que penetró hasta su domicilio en la colonia Maravillas de Axexentla, lugar donde los acribillaron, dejando herida a la esposa de José, Pilar Ochoa, quien se encuentra hospitalizada.

Estos hechos violan flagrantemente el derecho a la vida, a la legalidad, a la seguridad jurídica, así como a la honra de las personas, con lo que se viola el artículo 3 de la “DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS” que a la letra dice: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”

En el mismo orden de ideas señalamos también que la PJG al emitir un comunicado criminalizando a las víctimas, así también pasa por alto el numeral 12 de la misma declaración que a la letra reza: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”

Así mismo se viola la LEY GENERAL DE ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA A LAS MUJERES que en su capítulo III respecto a la violencia institucional señala, que ningún funcionario público puede abusar de su cargo para realizar acciones practicas u omisiones que dilaten, obstaculicen o impidan a las mujeres acceder al goce y ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, destinadas a atender, investigar, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres de conformidad a lo dispuesto en la CEDAW.

Información adicional:

En el caso de Doña Petra Benitez y su familia, la Comisión Independiente de Derechos humanos tenemos un amplio conocimiento de su vida y trayectoria que debe ser ubicado en el contexto de este crimen, ya que desde hace años ella se encontraba viviendo en el estado de Morelos como consecuencia de la emigración forzada que vivieron decenas de familias integrantes de la OCSS (Organización Campesina de la Sierra del Sur) como consecuencia de la Masacre de Aguas Blancas ocurrida en su municipio natal de Coyuca de Benitez, Guerrero. Por tal motivo, fueron blanco de la persecución y represión tanto en Guerrero como en Morelos, tratando de vincularlos a actividades guerrilleras con el EPR, a pesar de que su lucha en defensa de la tierra era abierta y legal. Tuvimos conocimiento y documentamos ampliamente la detención arbitraria de Doña Petra y sus hijos, uno de los cuales se encuentra sujeto a proceso bajo la acusación de haber participado en el secuestro y asesinato de Paola Gallo, quien fue sometido a torturas constantes dentro del penal de Atlacholoaya para que aceptara haber participado en estos crímenes. Doña Petra sufrió tortura y violación por estos hechos, mismos que fueron denunciados a nivel internacional por organismos que luchan contra la tortura como práctica oficial para fabricar culpables.

Recientemente, Doña Petra sufrió un balazo en la cabeza por parte de policías municipales de Jiutepec, cuando estos perseguían a unos jóvenes en el Callejón San Juan, de la colonia Maravillas de Axexentla, donde tenía su domicilio doña Petra y donde ahora ocurrió el múltiple homicidio.

Este crimen múltiple se presenta en el contexto de la puesta en marcha del “Operativo Morelos Seguro” que solamente ha significado un crecimiento de la violencia, ya que se han incrementado las ejecuciones en los últimos días. Las declaraciones del Coordinador del Consejo de Seguridad Pública, en el sentido de que “Esta dinámica (de ejecuciones) continuará” porque “se están matando entre ellos”, muestra la claudicación del Estado en la defensa del derecho a la vida y la seguridad ciudadana, así como el grado de omisión frente a quienes privan de la vida a otras personas en la entidad.

Los hechos han sido dados a conocer como si se tratara de uno más de los múltiples asesinatos ocurridos en la entidad como si fuera derivado de la guerra entre bandas criminales, lo que generalmente ha significado que queden sin investigación y sin castigo alguno, en medio de la impunidad y la falta de justicia. Por ello, demandamos de las autoridades una investigación a fondo y apegada a los procedimientos jurídicos y legales, de tal manera que este crimen no quede en la impunidad.

La violencia feminicida y el feminicidio como grado máximo de esa violencia es una afrenta más a la dignidad humana, en medio de la degradación social y la impunidad prevaleciente, en un estado de Morelos que vive desangrándose cotidianamente, ante la violencia criminal e institucional en un proceso de militarización creciente a través de un programa “Morelos Seguro” que sólo ha significado que en 15 días se hayan presentado más de dos decenas de ejecuciones, superando 170 casos en 5 meses.

Expresamos toda nuestra solidaridad con la familia de Doña Petra y exigimos justicia, ya basta de impunidad y violencia contra familias de pobres y campesinos como en este caso, lo que nos muestra que no hay “Morelos Seguro” para las familias morelenses.