La comunidad de Valle del Río San Pedro, en el suroeste de México, recibió el 19 de mayo una amenaza de muerte en la que le ordenaban que abandonara sus hogares. Algunos miembros de la comunidad ya han sido víctima de homicidio anteriormente, y la comunidad corre grave peligro de sufrir nuevos ataques.

El 19 de mayo, un miembro de la comunidad indígena triqui de Valle del Río San Pedro, en el municipio de Putla de Guerrero, estado de Oaxaca, encontró en la calle principal del poblado una nota que decía: “Malditos indios, lárguense con sus muertos, sáquense a la chingada, con todo y sus derechos humanos. Apenas comenzamos la fiesta, pronto habrá comida para los zopilotes”.

Setenta y seis personas viven en la comunidad de Valle del Río San Pedro, compuesta por familias indígenas triquis que ocuparon la tierra tras verse obligadas a abandonar sus casas en 2008 a causa de la violencia en San Juan Copala, una localidad cercana. Según los habitantes, estas familias han sufrido numerosos ataques y amenazas para obligarlas a abandonar la zona. Entre otras cosas, varios miembros de la comunidad y personas que les ayudan han muerto tanto a manos de hombres armados no identificados como en las operaciones fallidas emprendidas por la policía estatal de Oaxaca en febrero de 2010 y en enero de 2012 para desalojar forzosamente a las familias. Varios miembros de la comunidad han sido detenidos durante ese periodo, acusados de posesión de armas. El 8 de mayo de 2012, unos hombres armados no identificados irrumpieron en la comunidad y mataron a tiros a tres hombres.

El 29 de mayo, ante la gravedad de la situación en la que viven los miembros de la comunidad de Valle del Río San Pedro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a las autoridades mexicanas que acordaran con la comunidad medidas que garanticen su seguridad.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los habitantes indígenas triquis de San Juan Copala y las comunidades circundantes llevan muchas décadas sufriendo violencia y desatención, y durante ese tiempo se ha acusado repetidamente a las autoridades locales de tolerar los grupos armados o actuar en connivencia con ellos para mantener el control político. La región es una de las más pobres y subdesarrolladas de México. La inacción de las autoridades, que no previenen la violencia entre facciones enfrentadas ni hacen rendir cuentas a los responsables, ha dado lugar a un clima de impunidad y desatención. Ninguna autoridad pública ha comparecido ante la justicia por apoyar de manera directa o indirecta a los grupos armados, pese a las numerosas denuncias al respecto.

El 27 de abril de 2010, unos hombres armados organizaron una emboscada a un convoy humanitario cerca de San Juan Copala y mataron a los defensores de los derechos humanos Alberta Cariño Trujillo, conocida también como Bety, y Jyri Antero Jaakkola. Los responsables de estas muertes no han rendido cuentas; entre ellos se encuentran miembros del antiguo gobierno estatal acusados de patrocinar al grupo armado que las causó. Tampoco se han resuelto otros homicidios cometidos desde entonces. Véase AU 110/10 http://amnesty.org/es/library/info/AMR41/039/2010/es.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que: “Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de […] violencia.

Fuente: Amnistía Internacional.