La periodista Lydia Cacho, defensora de los derechos humanos con sede en Cancún, sureste de México, ha sido amenazada de muerte.

Lydia Cacho estaba en su casa trabajando el 29 de julio cuando su transductor de mano, utilizado únicamente para emergencias, se encendió solo. Ella respondió, pensando que podría ser un colega del trabajo, y oyó una voz de hombre que la llamaba por su nombre y le decía: “Ya te lo dijimos, pinche puta, no te metas con nosotros, se ve que no aprendiste con la vueltecita que te dieron. La que te va a tocar va ser en pedacitos, así te vamos a mandar a casa, en pedacitos, pendeja”. Lydia Cacho ha denunciado formalmente esta amenaza ante la Procuraduría General de la República.

Lydia Cacho empezó a recibir amenazas y a sufrir acoso tras publicar en 2005 un libro en el que sacaba a la luz una red de pornografía infantil que, al parecer, actuaba con el conocimiento y la protección de políticos y empresarios de los estados de Quintana Roo y Puebla. A consecuencia de las denuncias por difamación presentadas contra ella y de los irregulares procedimientos judiciales, en diciembre de 2006 fue detenida y sometida a amenazas y acoso. Después de eso, se publicaron en los medios de comunicación conversaciones telefónicas intervenidas en las que se implicaba en su detención y acoso a ex altos cargos gubernamentales del estado de Puebla. Desde entonces, Lydia Cacho ha seguido recibiendo amenazas, en ocasiones como represalia por su trabajo como periodista y defensora de los derechos humanos en un albergue para mujeres en Cancún.

En 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno mexicano que adoptara medidas cautelares para Lydia Cacho. En 2010, Lydia Cacho publicó otro libro, en el que, una vez más, sacaba a la luz la trata de mujeres y niñas y revelaba los nombres de individuos presuntamente vinculados a estas redes delictivas.


INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los periodistas de México corren un grave peligro de ser agredidos o asesinados a causa de su trabajo. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al menos 70 periodistas han sido asesinados desde el año 2000, y sigue sin conocerse el paradero de otros 13 periodistas secuestrados. Quienes investigan o denuncian la delincuencia y la corrupción están especialmente expuestos a ataques o intimidación. En la gran mayoría de los casos, los responsables no comparecen ante la justicia, lo que crea un clima de impunidad.

Lydia Cacho ya fue objeto de la AU 207/11 (AMR 41/045/2011), del 4 de julio de 2011.

 

ACCIÓN URGENTE emitida por Amnistía Internacional