La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. ha recibido testimonios sobre las amenazas de muerte que ha recibido el ciudadano GABRIEL RIVAS RIOS, dirigente del Comité de Colonias en Lucha que forma parte del Frente Unitario Estatal contra el Aumento a las Tarifas del Transporte, por parte de perpetradores no identificados, de acuerdo a los siguientes:

HECHOS

El día 9 de agosto a las 12:56 horas recibió una llamada telefónica de un celular cuyo número ha sido debidamente identificado ante las autoridades, en donde una voz masculina lo amenazó de muerte en alusión a su participación en la lucha contra el incremento en las tarifas del transporte y posteriormente recibió otra llamada de un número distinto en el mismo tono amenazante y con insultos hacia él y su familia, intimidandolo si seguía participando, señalandole claramente que atentaría contra él y su familia a balazos.

Estas llamadas ocurrieron poco tiempo después de que se llevó a cabo un acto de lanzamiento público del Frente y el anuncio de realización de una marcha contra el alza en el pasaje de 5.50 pesos a 9.00 pesos que pretenden los permisionarios del transporte urbano, por lo que hay elementos de peso para considerar que estas amenazas podrían provenir de personas ligadas a este sector para tratar de disuadir la realización de estas acciones de protesta social.

Por lo anterior, se interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos en el Sector Central de Juicios Orales, quedando asentada en la Carpeta de Investigación SC01//8156/2012.
POR TODO LO ANTERIOR.

En el contexto de una creciente criminalización de los movimientos sociales en el estado de Morelos, estas amenazas reiteradas  ponen en riesgo la integridad emocional y consideramos necesario tomar medidas para evitar que se concreten en ataques físicos y psicológico, daño moral y de seguridad en la vida y la libertad del C. GABRIEL RIVAS RIOS y su familia ante posibles ataques de perpetradores no identificados.

Estas amenazas ponen en cuestión lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 19, 20 y 29  de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en las recientes modificaciones constitucionales en materia de derechos humanos en nuestro país, que establecen claramente que ninguna persona puede ser molestado por agentes del estado o particulares con la anuencia de este en su libertad e integridad personal,