El pasado domingo 27 de septiembre, se documentó la presencia amenazante de aproximadamente 250 efectivos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), que se encuentran en el crucero Agua Azul y el poblado de Xhanil –aproximadamente a 5 km del crucero-, sumando un total de 5 camiones tipo torton y 12 patrullas, además de agentes de la Policía Ministerial (PM). Lo anterior, como reacción del Gobierno del Estado a la recuperación pacífica de la caseta de cobro No. 1, para el acceso a las Cascadas de Agua Azul, realizada por los indígenas tseltales del ejido San Sebastián Bachajón, adherentes de La Otra Campaña, reivindicando su  Derecho a la administración y aprovechamiento de los recursos naturales contenidos en su Territorio.

Después de un proceso de consulta en asambleas realizadas en días pasados en los tres centros del ejido, Centro Ch’ich, Centro Alan Sacjun y Centro Bachajón, las y los ejidatarios tomaron el acuerdo de recuperar de manera organizada y pacífica la caseta de cobro que se encuentra dentro del territorio de su ejido.

El pasado viernes 17 de abril, esta caseta fue desmantelada de manera violenta, en el operativo mixto de fuerzas policíacas Estatales y Federales contra los ejidatarios para tomar control territorial de la zona, acción violatoria al Derecho al Territorio de los Pueblos Indígenas, integridad personal, entre otras, producto de la estrategia de represión diseñada y ejecutada por los Gobiernos Federal y Estatal y en la que siguen privados arbitrariamente de su libertad en el CERSS No. 14 los hermanos Antonio y Jerónimo Gómez Saragos, los cuales fueron objeto de graves violaciones a sus Derechos Humanos, mismos que para este Centro permanecen como rehenes políticos con la finalidad de desarticular el movimiento de defensa legítima del territorio de los Pueblos Indígenas de Chiapas, en contra del ilegal e ilegítimo despojo de su Territorio. 

La situación actual de hostigamiento hacia los tseltales de San Sebastián Bachajón integrantes de La Otra Campaña, se ejerce por medio de presión psicológica de ser objetos de nuevos actos de represión por parte del Gobierno del Estado, debido que los ejidatarios que administran la caseta reciben el rumor constante de que las fuerzas policíacas, apostadas a unos cuantos metros, se encuentran en espera de la orden del Gobierno del Estado para desalojarlos por la fuerza.

La táctica de generar rumor de ataque contra comunidades en resistencia ha sido una constante en la implementación de la estrategia de contrainsurgencia como una acción represiva ejemplar, recordamos como se utiliza la Masacre de Acteal para a través del rumor que algo similar sucedería para afectar psicológicamente a muchas comunidades que defienden sus derechos. La amenaza de represión ejercida por la Policía Estatal Preventiva que aún mantienen fresca en su mente los indígenas de San Sebastián Bachajón es la que ellos mismos sufrieron el pasado mes de abril cuando fueron detenidos 8 de ellos y destruida su caseta.

Otro acto de violencia ejercida por  la misma Policía Estatal Preventiva, y que al igual que la Masacre de Acteal aún continua impune, es la masacre de Chinkultic, donde la PEP ejecutó a 6 indígenas del ejido de Miguel Hidalgo del municipio de La Trinitaria que pretendieron, al igual de los ahora cercados y amenazados, ejercer su derecho al uso y disfrute de sus recursos.

Ante esta situación de alta tensión, y los antecedentes de uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública que ha caracterizado al gobierno mexicano, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas considera que existe un riesgo eminente de una acción de represión por parte de las fuerzas policiales del Estado de Chiapas, y que constituiría violaciones graves a los Derechos Humanos como son: a la seguridad jurídica, integridad personal y a la vida, además de violentar derechos colectivos de los Pueblos, como son el derecho a uso, utilización, administración y conservación de sus recursos naturales (Art. 15 Convenio 169 de la OIT y art. 26 de la DNUDPI), cuyo respeto irrestricto está comprometido el Estado Mexicano.

Por lo anterior, se manifiesta preocupación por el riesgo a la seguridad, a la integridad física y psicológica, de los adherentes de La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón y de sus autoridades quienes están amenazados de manera directa por elementos de la Policía Estatal Preventiva, Policía Ministerial y por personas del grupo de corte paramilitar OPDDIC, que actúan bajo el cobijo de la PEP. 

Para más informaciónsobre esta acción urgente visite: www.frayba.org.mx