El día 16 de agosto, del presente año, el señor Jorge Luis Alvarado Rosales fue internado en el Hospital General de Saltillo para ser operado por presentar una herniaInguinal que pone en riesgo en vida.

 

Conforme a la Nueva Ley de Migración que posibilita la atención médica de todas las personas migrantes sin la necesidad de dar aviso a la autoridad migratoria, el Hospital General de Saltillo, luego de diversas gestiones, accedió a dar el servicio y programó la cirugía con un tiempo de espera de casi dos meses.

 

La cirugía programada para las 8:00 am fue suspendida por falta de material en el quirófano y no se dieron instrucciones de lo que ocurriría con el paciente hasta después de las 13:30 p.m. por la intervención de personal de Casa del Migrante de Saltillo, quién solicitó al médico Miguel Hernández diera las instrucciones al personal la cual era una reprogramación para el día siguiente.

 

La tarde del día 16 de agosto empezaron los malos tratos y las humillaciones para el migrante hondureño señor Jorge Luis Alvarado; al conocer su nacionalidad extranjera lo presionaron de tal modo que lo obligaron a abandonar el hospital luego de cinco horas y media de atentar contra su dignidad.

 

A la 1:30am, luego de vestirlo con ropa de uso de quirófano lo sacaron “como un perro a la calle”, adjetivo que usó el migrante para describir la situación.

 

Desde esa misma mañana solicitamos una explicación al personal del Hospital General, quienes desde el principio empezaron a caer en contradicciones mientras aceptaban la “desaparición” del expediente clínico. Parte del personal nos informaba que lo habían trasladado en la ambulancia una vez suspendida la operación, otros mas decían que ya estaba dado de alta luego de la cirugía, mientras otros más decían que simplemente “ya no estaba” . Por su parte, el director del hospital señor Saúl Guillén Navarro, comentó, según la reportera Iveth Hernández, que el migrante por miedo a ser deportado había abandonado el hospital sin avisar.

 

La Casa del Migrante de Saltillo se solidariza una vez mas con la comunidad y a través del apoyo a las personas migrantes hace evidente prácticas violatorias a los derechos humanos con el fin de construir un estado que brinde bienestar para todos y todas.

 

En esta ocasión, el caso del señor José Luis Alvarado Rosales es muestra de un problema serio en el Sistema de Salud del estado de Coahuila, pues las prácticas discriminatorias y violatorias de los derechos humanos no son accidentales, sino son muestras de deficiencias estructurales que deberán cuestionar y reorientar a todos los servidores que tienen la función obligatoria de administrar los recursos públicos para mejorar la forma y la calidad de vida de todos.

 

Invitamos al Gobierno del estado, al Sector Salud de Coahuila y al Hospital General de Saltillo a reflexionar y tomar este lamentable hecho como una oportunidad de análisis profesional de todas las prácticas que se dan en sus centros y exigimos, en nombre de los afectados/as, se den transformaciones profundas que mejoren los servicios que prestan.

 

En este caso particular, es necesario estudiar las formas de reparación del daño, pues el señor Jorge Luis Alvarado Rosales, con temor fundado, no está dispuesto a regresar el hospital y no tiene confianza de poner su salud y su vida en manos del personal de dicha institución.

 

Qué encontramos en este caso. Encontramos que faculta para una queja ante la CDHEC.

 

1. Incumplimientos de la Normal Oficial Mexicana. Numeral 5.1 NOM 168SSA11988 sobre el cuidado del expediente médico.

 

3. Falta de complimiento obligatorio para México del caso Albán Cornejo v.s. Ecuador desde noviembre del 2007 emitida por la CoIDH. Por expediente médico.

 

4. Vulneración de los derechos de protección a la salud de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.

 

5. Faltas al artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a la obligación de los estados a garantizar vida y salud.

 

6. Faltas al cumplimiento de visión, misión y valores de la Secretaría Salud de Coahuila.

 

7. Violaciones a la ley de responsabilidad de los servidores públicos.

 

8. Existen elementos de existencia de tortura en el caso del Sr. Jorge Luis Alvarado CONVENCION CONTRA LA TORTURA, ONU, 1984 “…se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. …”