El día de hoy, por una votación mayoritaria de 8 votos, el Pleno de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el Amparo en Revisión 133/2012, promovido por los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua de la Montaña de Guerrero que en 2009 fue ejecutado extrajudicialmente por soldados del Ejército mexicano, ordenando que la causa penal iniciada por el respectivo homicidio sea remitida al fuero civil federal.

Cabe recordar que el 20 de junio de 2009 en Huamuxtitlán, Guerrero, Bonfilio Rubio Villegas fue privado arbitrariamente de la vida por elementos del 93 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano quienes abrieron fuego indiscriminadamente en contra del autobús de pasajeros en el que el joven viajaba, junto con alrededor de 40 pasajeros. Tras los hechos, el fuero militar atrajo las investigaciones aun cuando los familiares de Bonfilio Rubio Villegas expresamente se opusieron a ello. Ante esta determinación, Secundino Rubio Peralta y José Rubio Villegas, padre y hermano de la víctima, iniciaron un juicio de amparo, acompañados por el Centro de Derechos Humanos de la MontañaTlachinollan y el Monitor Civil de las Fuerzas de Seguridad de la Montaña, que en diciembre de 2011 fue resuelto a favor de los familiares de Bonfilio Rubio Villegas. Pese a la relevancia del fallo, éste fue impugnado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en representación legal del Presidente Felipe Calderón, unos días después de que el Ejecutivo Federal anunciara que todos los casos de violaciones a derechos humanos cometidas por los castrenses pasarían al fuero civil.

Hoy, el Máximo Tribunal mexicano confirmó que el expediente debe remitirse al fuero civil.  Con ello, la mayoría de los Ministros y Ministras de la SCJN han dado un paso decisivo en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y en la restricción del fuero militar, pues la demanda promovida por el padre y el hermano de Bonfilio Rubio Villegas constituye el primer caso contencioso impulsado por familiares de una víctima en contra de la inconstitucional extensión del fuero militar en el que la SCJN protege a los civiles frente a las instituciones castrenses. Máxime en virtud de que los dos expedientes resueltos con anterioridad, en el marco de la discusión iniciada el 2 de agosto de este año, fueron controversias jurídicas surgidas entre órganos jurisdiccionales del propio Estado como conflictos competenciales.

En este sentido, la determinación de la SCJN en el juicio iniciado por el padre y el hermano del joven naua puede calificarse de histórica pues no sólo ha derivado en la restricción del fuero militar sino que también ha hecho del juicio de amparo, en este caso, un recurso efectivo para la tutela de los derechos de las víctimas frente a actos emanados de una jurisdicción incompetente, como lo había ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) en los casos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

En su determinación, la SCJN reprodujo parcialmente el razonamiento sostenido por la Corte Interamericana en los casos Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Campesinos Ecologistas (Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García), todos contra México, en el sentido de que el fuero militar debe tener un carácter excepcional y restrictivo, acotado a la investigación y el juzgamiento de los delitos que atentan contra la disciplina castrense.