La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” (Red TDT) formada por 65 organizaciones de veintiún estados del país, se reunió en su XXXVI Asamblea Ordinaria los días 24, 25 y 26 de octubre del presente año en la Ciudad de México.

Durante nuestra Asamblea tuvimos conocimiento de que el viernes 24 de octubre por la noche, nuestra compañera Concepción Hernández y nuestro compañero Martín Barrios integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Puebla, recibieron amenazas en su domicilio por su labor de defensa de los derechos humanos, debido a un caso relacionado con la impunidad que priva en la región.  Ese mismo día, también por la noche, las instalaciones del Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi” con sede en la ciudad de Torreón, Coahuila, fueron objeto de robo y registro de sus oficinas por segunda vez en el mes. Se presume que estos hechos están relacionados con su tarea de defensa de los derechos humanos. Al mismo tiempo recibimos el testimonio de nuestro compañero Javier Ávila, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, en Chihuahua quien a raíz de su exigencia de justicia y la denuncia de la falta de acción de las autoridades en el caso de la masacre de Creel, ha sufrido hostigamientos y difamación en contra de su trabajo como defensor.

Estos lamentables acontecimientos muestran la situación de vulnerabilidad en la que los defensores y defensoras de derechos humanos trabajan actualmente en nuestro país. Frente a lo anterior, la Red TDT reafirma el derecho de todos y todas a defender los derechos humanos y exige que se investiguen y se sancionen estas acciones.

En nuestra reunión también conocimos que, como consecuencia de la represión en el estado de Morelos en el contexto del conflicto magisterial, se han documentando 139 casos de violaciones de derechos humanos: detenciones arbitrarias, privación ilegal de la libertad y tortura, entre otras. Hasta el día de hoy,  se mantienen condiciones que pueden dar lugar a nuevos actos represivos, ante la insuficiencia de mecanismos de diálogo efectivos para solucionar las legítimas demandas, tanto de los maestros, como el derecho a la educación de la niñez de aquella entidad.

Estas agresiones a miembros de nuestra Red y a miembros de movimientos sociales y ciudadanos, se dan en un contexto de un deterioro de la vigencia de los derechos humanos durante la presente administración.

 

De acuerdo a los acontecimientos recientes en México, podemos afirmar que existe una acentuada y preocupante ingobernabilidad en diferentes partes del país, donde el Estado es incapaz de brindar seguridad a la población y ha sido rebasado por la violencia y la delincuencia organizada. Esto se agrava por la penetración de estos grupos criminales en las esferas municipales, estatales y federal.

La violencia del narcotráfico que inunda al país, ha sido el pretexto utilizado por el gobierno de Felipe Calderón para profundizar la militarización de la vida nacional, sin resultado significativo alguno. Por otro lado, esta militarización ha traído como una de sus peores consecuencias, graves violaciones a los derechos humanos. Este entorno ha provocado que cualquier persona sea considerada como sospechosa de pertenecer al crimen organizado y, como efecto de estas estrategias, se han suscitado numerosas ejecuciones, allanamientos, cateos y detenciones arbitrarias. En el norte del país algunas ciudades están viviendo una suspensión de garantías de facto.

El miedo de la población ante la ineficacia e inacción de las autoridades y su connivencia con el narcotráfico, ha impuesto un clima de silencio, donde no se denuncian ni las amenazas y agresiones de los narcotraficantes, ni las violaciones a los derechos humanos de las autoridades.  Por su parte, los medios de comunicación se autocensuran o bien solo difunden la versión “oficial”. Todo lo anterior afecta gravemente el derecho a la libertad de expresión e información.

Por otro lado, la utilización de los militares en la lucha contra el narcotráfico, encubre su utilización para la contención social en muchas partes del país, reprimiendo las diferentes expresiones sociales de protesta que surgen ante las afectaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que son ocasionadas por proyectos de “desarrollo” que se imponen a la población.

Al mismo tiempo, este incremento de la violencia e inseguridad que vive el país invisibiliza otras graves situaciones que se viven en México, como son: el incremento de la violencia contra la mujer; el aumento del hostigamiento hacia los y las defensoras de derechos humanos; la criminalización de la protesta social; las violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en particular los derechos laborales; la falta sistemática de justicia y la consecuente impunidad generalizada.

Por lo anterior, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” exige:

    * Que el gobierno federal y de los estados de Puebla, Coahuila y Chihuahua garanticen la seguridad de las personas que integran el Comité de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, el Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi” y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, y que aseguren las condiciones para que estos defensores y defensoras sigan desarrollando su trabajo en favor de los derechos humanos.
    * Que el gobierno federal y del estado de Morelos renuncien a la represión en contra de los maestros y pobladores del estado de Morelos y por el contrario establezcan un espacio de diálogo que garantice los derechos laborales de los maestros y el derecho a la educación de la niñez, sin menoscabo de ninguno de estos derechos.
    * Reiteramos que la protesta social es un derecho legítimo y legal de los ciudadanos, organizaciones y pueblos para denunciar, enfrentar y resistir las arbitrariedades cometidas por gobiernos y empresas privadas.