Pronunciamiento que múltiples organizaciones sociales, campesinas, indígenas y de derechos humanos firman, a 61 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a 11 años de la declaración de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos.

La experiencia más decepcionante que tenemos los ciudadanos de este nuevo milenio es que los gobiernos se han especializado en firmar leyes y declaraciones, como una práctica denigrante porque han aprendido la diplomacia del engaño y la mera simulación. El Estado mexicano ha firmado la mayoría de las Declaraciones y Tratados en materia de derechos humanos para construirse una imagen falaz frente la comunidad internacional. Pretende erigirse en adalid de los derechos humanos en el plano internacional. En los últimos años aprovechándose de la alternancia política que se vivió en el país, vendió como una mercancía más el tema de los derechos humanos.

A nivel interno el panorama es sombrío, la pobreza extrema en varias regiones del estado de guerrero es escandalosa, al grado que los municipios de la Montaña de Guerrero se encuentran en los niveles más ínfimos de la pobreza en el mundo. La desigualdad es abismal entre el municipio de Cochoapa el Grande y la Delegación Benito Juárez del Distrito Federal y el municipio de San Pedro Garza García de Nuevo León. En estos dos polos el Gobierno mexicano ha sido ineficiente para respetar, proteger, y salvaguardar los derechos de la población. Los pobres mueren de hambre esclavizados por la siembra de enervantes, y los ricos siguen siendo los únicos beneficiarios de una delincuencia organizada galopante. En los hechos vivimos en una democracia fallida a causa de un sistema de gobierno empecinado en privatizar los recursos estratégicos del país y en cancelar las grandes conquistas alcanzadas por las luchas revolucionarias de los pobres de este país. El legado zapatista, está siendo suplantado por el mesianismo de las trasnacionales, que le declara la guerra a los herederos de la lucha de Zapata con el apoyo de gobiernos espurios que utilizan al Ejército y la policía para imponer mega proyectos en las zonas del país donde habitan los pueblos indígenas.

El Ejército mexicano que se forjó con la gesta revolucionaria, ha sido utilizado por los gobiernos anticampesinistas para defender los intereses de las élites políticas y económicas. Lo han entrenado para atacar a su propio pueblo y se han olvidado de los enemigos invasores que atentan contra la soberanía nacional. Hoy el Ejército además de transformarlo en guardián del capital trasnacional lo han volcado para declararles la guerra a los pueblos pobres que se organizan para defender sus derechos.  La “guerra” contra el narcotráfico es una nueva coartada diseñada por los países poderosos para imponer el nuevo modelo de seguridad hemisférica, donde los ejércitos de los países pobres son simples súbditos y guardianes del generalato capitalista.  

Los estragos de esta militarización en nuestro estado se remontan a la guerra sucia, donde el clamor de la justicia sigue sin encontrar descanso por la complicidad de los gobiernos de mantener en la impunidad los delitos de lesa humanidad. Gracias al valor y a la lucha generosa de Tita Radilla el Ejército mexicano está siendo juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en breve dictará sentencia, sobre el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco. La justicia del pasado es uno de los temas pendientes de este gobierno que tiene la obligación de cumplirle a los centenares de víctimas a quienes se les ha negado el derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño.

 

En Guerrero se sigue reeditando la etapa sombría de la guerra sucia, porque los gobiernos consintieron que el Ejército sentara sus reales en las regiones pobres donde se habían suscitado levantamientos armados. Su misión fue desterrar cualquier vestigio de inconformidad social que interpelara a los gobiernos caciquiles. Hoy la reaparición del Ejército en todo el estado de guerrero sigue siendo  para reprimir a los nuevos movimientos insurgentes actuando con brutalidad para masacrar a 11 indígenas mixtecos de la comunidad de El Charco, el 7 de junio de 1998. Esta escalada bélica continuó en la región de Ayutla, con los casos de violaciones sexuales de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú y con el cerco y hostigamiento permanente a la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM). En la lucha contra el narcotráfico, las autoridades civiles han cedido su lugar para que el Ejército se erija como la única fuerza represiva especializada para enfrentar y destruir al enemigo. Estos operativos implementados por los militares han tenido como saldo casos de desaparecidos que ha dado origen a la conformación de un Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, que se han dado a la tarea de exigir justicia y reparación, a costa de su seguridad y de los altos riesgos que esta lucha implica. Aunado a esto, existe un alto número de violaciones a los derechos humanos que han sido documentados por los organismos públicos y civiles. Todos estos casos permanecen en la impunidad por la existencia del fuero militar, que es expansivo, parcial y violatorio a los estándares internacionales de derechos humanos.