Ocultan información al denunciante

 Oasis San Juan de Dios / Equipo Indignación A.C.

 

El 31 de julio de 2001, el albergue Oasis de San Juan de Dios, por medio de su representante legal, presentó formal denuncia de hechos en contra del Director del CERESO Francisco Brito y de quien resulte responsable por la invasión y despojo de un terreno donado a dicha organización civil dedicada al cuidado de las personas con VIH/Sida, así como a la defensa y promoción de sus derechos.

El terreno en cuestión serviría para establecer proyectos productivos que brindaran oportunidades laborales a las personas que se benefician de la labor del albergue. A raíz de la denuncia se inició a la averiguación previa  1303/10ª/2001.

La Procuraduría General de Justicia del estado se negó, durante 8 años, a integrar debidamente la averiguación previa, a pesar de la insistencia del representante legal de Oasis, quien en todo momento aportó testimonios, documentos y peritajes que acreditaban la legal propiedad del albergue, así como el despojo que sufrió a manos del director del CERESO y su esposa, Adda Berlín Montero, hermana del actual Presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado. La Procuraduría de Justicia, en una clara intención de dilatar el procedimiento y dejar transcurrir el plazo para que el delito prescriba, se negó a investigar y a realizar las acciones respectivas a que le obliga el artículo 21 de la Constitución, en lo que significa un claro acto de encubrimiento hacia un funcionario público que ha pertenecidos a las tres últimas administraciones estatales, incluyendo la actual, y de negación de justicia para una organización que hace labor humanitaria.

Ante la negligencia del Ministerio Público, Oasis de San Juan de Dios presentó un amparo por la inacción del Ministerio Público, así como una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey). En el primer caso, el Juez Segundo de Distrito determinó en el resolutivo segundo de su sentencia de fecha 22 de septiembre de 2009 que: La Justicia de la Unión, AMPARA Y PROTEGE a CARLOS RENÁN MÉNDEZ BENAVIDES contra actos que reclama en lo personal y como representante legal de Albergue Oasis de San Juan de Dios, Asociación civil, y que atribuye al Titular de la Décima Agencia Investigadora del Ministerio Público del fuero común del estado de Yucatán..

Por su parte, mediante recomendación 29/2009, la Codhey determinó la existencia de graves violaciones a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, en virtud del retardo injustificado que hubo en la integración de la averiguación previa, debido a la negligencia y omisión de la autoridad ministerial responsable de su integración…  

Ante estos hechos, la Procuraduría General de Justicia del estado consignó, sin notificar al denunciante, el expediente ante el Juzgado Tercero en materia Penal del Primer Departamento Judicial del estado, presidido por el Juez Jesús Rivero Patrón. Ni el Juez Tercero de lo Penal ni el Ministerio Público adscrito a los Juzgados penales informaron ni notificaron al denunciante de dicha situación, de tal manera que éste pudiese hacer efectivo su derecho a ejercer la coadyuvancia, derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. En un plazo sorprendentemente breve y en sigilo, el Juez Tercero de lo Penal negó la orden de aprehensión. Ni el Juzgado Tercero de lo Penal, ni la Fiscal adscrita a los Juzgados Penales han querido mostrar el expediente al representante de Oasis, informándole únicamente que el asunto se encuentra ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, quien deberá resolver, según la Fiscal, la apelación que se presentó en contra de la resolución del juez Tercero.  

Resulta lamentable la falta de transparencia tanto de la Procuraduría General de Justicia del estado como del Juzgado Tercero en materia penal, situación que, además, de dejar en estado de indefensión al albergue Oasis de San Juan de Dios, lleva a la sospecha de que existe la clara consigna de encubrir tanto al director del Cereso como a su esposa, agilizando, de espaldas a la sociedad y a los medios, las actuaciones judiciales con el objetivo de cerrar a la brevedad posible el círculo de impunidad que han brindado las autoridades yucatecas al C. Brito Herrera y a su esposa y negando así el acceso a la justicia al Oasis de san Juan de Dios A.C.

Nuevamente las instancias de Procuración e impartición de justicia del estado parecen estar actuando con le objetivo de encubrir y avalar conductas presuntamente delictivas de funcionarios públicos y en detrimento de los sectores más vulnerables. Las instancias en Yucatán al ser parciales, contravienen las garantías mínimas de debido proceso y acceso a la justicia establecidas por los Tratados Internacionales, situación que en otras ocasiones ha significado que las víctimas tengan que recurrir a instancias internacionales para buscar en el exterior la justicia negada en Yucatán.