Miércoles 16 de diciembre de  2009

Boletín de Prensa

Desde el 2003, el Centro Vitoria realiza un trabajo de investigación en torno a los DESCA. Basándonos en  el informe 2007-2008, y retomando sólo algunos ejemplos de las violaciones que observamos, podemos concluir que:

1)      A pesar de la labor del gobierno mexicano para impulsar el Protocolo Facultativo del PIDESC, adoptado en 2008 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (abierto a firmas y ratificaciones desde el pasado 24 de septiembre de 2009), el gobierno federal no lo ha firmado ni ratificado.

2)      El Sistema de Salud tiene grandes deficiencias. En el país
apenas 3.1 por ciento de los hogares tienen a todos sus miembros afiliados a alguna institución de salud, lo que coloca a México con la tasa de protección más baja frente a Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, donde la cobertura alcanza 6.4 %. Aunado a ello, la infraestructura no responde realmente a la demanda que hacen sus usuarios, lo que ocasiona saturación. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) estima que unos 130 mil hogares mexicanos se empobrecen por los gastos en salud.

3)      En lo que se refiere al derecho a la vivienda, existe una gran oferta inmobiliaria y se están construyendo muchas viviendas, pero éstas no son accesibles para el grueso de la población, ya que los créditos son incosteables o simplemente el nivel de ingresos de las personas no les permite calificar para éstos. Datos del gobierno federal señalan que 15 millones de familias no cuentan con un ingreso suficiente para resolver sus necesidades habitacionales, cifra que representa 60 % del total de las familias sin vivienda en el país. Por otra parte, la construcción de vivienda de interés social no es prioritaria para el gobierno federal.

4)      El anterior gobierno federal había colocado a la educación como una de sus prioridades, sin embargo, aunque hubo algunos avances y mejoras, éstas no alcanzaron a disminuir de manera sustancial los rezagos y vicios del sistema educativo mexicano. Si bien existe una cobertura educativa en el nivel básico bastante buena y los índices de alfabetización son de casi 100 por ciento, la calidad de la educación sigue siendo uno de los principales retos del país. Las evaluaciones nacionales e internacionales sobre el desempeño de los estudiantes de primaria y secundaria, señalan que la niñez mexicana realiza actividades de tipo mecánico y repetitivo. Nuestros estudiantes no cuentan con habilidades para sintetizar y evaluar información. Esto tiene importantes implicaciones para el futuro del país, pues estamos produciendo mano de obra barata capacitada sólo para realizar procesos productivos de poco valor.

5)      De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dos de cada 10 empleos formales eran de tipo eventual en el primer trimestre de 2008. Sin embargo, para algunos analistas como Consultores Internacionales, seis de cada 10 empleos creados en los años recientes son de eventuales. Los empleos eventuales violan el derecho a la seguridad en el trabajo y además no brindan prestaciones sociales. Parte de la política laboral del gobierno también ha consistido en reformar los contratos colectivos de trabajo, lo que resulta en la desmovilización de los y las trabajadoras. Así sucedió con los
trabajadores del sector minero, con sobrecargos, trabajadores
universitarios, electricistas, telefonistas y trabajadores del Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS). México incumple así con el artículo 11 del Convenio 87 de la OIT, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación. No existen mecanismos efectivos que fomenten la participación de sindicatos independientes en la planeación de las políticas públicas en materia laboral. El caso de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), es el más reciente caso de la forma en que el gobierno federal puede acabar con una fuente de empleo manipulando la información y atacando a un sindicato caracterizado por su independencia.

6)      Para hacer un análisis de la situación que guarda el derecho a un medio ambiente sano tenemos como obstáculo la inexistencia de datos estadísticos actualizados acerca de la situación del medio ambiente en México, no obstante, los indicadores que datan de 2007, reflejan los impactos del cambio climático, deforestación y contaminación en el deterioro ambiental. Sin embargo, organizaciones civiles que analizan esta problemática señalan que los problemas en materia medioambiental se concentran en la pérdida de suelo, deforestación, contaminación del aire y aumento en la generación de residuos.

Como cada año, pudimos constatar que aún falta un largo trecho para lograr un cumplimiento satisfactorio de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en el país. Para empezar, la mayoría de estos derechos todavía no están reconocidos plenamente en nuestra legislación, ni se cuenta en mucho de los casos con los mecanismos jurídicos indispensables para hacerlos valer. Además, la tendencia reciente a ver a la salud, la vivienda, la educación y la protección del medio ambiente como mercancías, genera gran exclusión en el país. Las políticas públicas tienen también una muy limitada perspectiva de derechos humanos, y los programas de gobierno son muchas
veces inadecuados e insuficientes para atender las necesidades de toda la población, particularmente aquella que se encuentra en situaciones de discriminación y vulnerabilidad. En ese sentido reiteramos la importancia de diseñar las políticas públicas con una perspectiva de derechos humanos.