Tlapa, Guerrero a 30 de diciembre del 2009.- Un gran número de familias indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero adelantaron su salida del estado para enrolarse como jornaleros agrícolas en las agroindustrias de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán y Morelos. Desde el mes de agosto más de 5 mil familias procedentes de los municipios más pobres de la entidad abandonaron su precaria vivienda junto con sus hijos, para ganar un sueldo de 53 pesos diarios en el corte del tomate, pepino, berenjena, chile y fresas, así como los vegetales exóticos promovidos por los chinos.

En el registro que realizó el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña con sede en Tlapa, documentó 2 mil 608 menores de 15 años, siendo mil 248 niñas y mil 360 niños. También registró a los recién nacidos que migran junto con sus madres monolingües a los surcos de las multinacionales. De 0 a 1 año este Consejo registró 409 bebés; 203 niños y 206 niñas. Es una estadística que abarca los meses de septiembre a noviembre, justo cuando inicia el ciclo escolar.

En este año aumentó la migración familiar en municipios donde no es fuerte este fenómeno como Iliatenco, Alcozauca, Huamuxtitlán y Alpoyeca. La inviabilidad de la vida comunitaria sostenida con la siembra del tlacolol ha provocado la expulsión masiva de familias indígenas. Ante la falta de alternativas económicas para reactivar la economía familiar el proceso de jornalerización se ha incrementado en todos los municipios de la Montaña alta y baja del estado.

Los apoyos económicos que reciben los padres y madres de familia a través del Procampo, Oportunidades, Setenta y más, ha propiciado la dependencia económica y el paternalismo político, desalentando el desarrollo de las capacidades productivas que históricamente han sabido cultivar los pueblos originarios. La población económicamente activa ha dejado de producir básicos y la han transformado en una población meramente consumista, que ya no es capaz de garantizar su autosuficiencia alimentaria.

El desquiciamiento de la vida de los pueblos indígenas propiciado por la exclusión social y por las políticas asistencialistas aumentaron el número de familias pobres que se encuentran en situaciones sumamente críticas, donde las muertes de niños siguen rebasando el doble de la media nacional, a causa de la desnutrición.

En Cochoapa el Grande y Metlatónoc la tasa de analfabetismo se mantiene en un 70% y el monolingüismo sigue siendo el factor de discriminación y violencia para las mujeres indígenas. Lo desastroso está en los gobiernos municipales que no logran dimensionar la gravedad de esta crisis alimentaria y mucho menos tienen una visión clara para ubicar los problemas más urgentes que tienen que atender en su municipio. La inversión financiera la desperdician en obras de relumbrón que son de mala calidad y que nada tienen que ver con el combate efectivo a la pobreza. La Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) en lugar de lograr un incremento a su presupuesto se le sigue disminuyendo, como parte de una política racista y discriminatoria que prevalece en el poder legislativo. La política caritativa hacia los pobres del estado, está muy lejos de alcanzar la justicia social y de reducir la brecha de la desigualdad.

El incremento de precios a la gasolina, al transporte y a la tortilla en este fin de año, es otro duro golpe  a la economía de sobrevivencia que mantiene en vilo a las familias indígenas. En este año varias comunidades indígenas se han rebelado contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por las altas tarifas en los recibos de la luz. Ante la falta de interés y atención a sus demandas por parte de los funcionarios de la paraestatal, centenares de usuarios se han negado a pagar la luz. Lo harán hasta que se les garantice una tarifa justa, acorde a su situación socioeconómica.

A nivel estatal ninguna autoridad se solidarizó con estos pueblos para asumir su causa y exigir a la CFE que cese el trato discriminatorio y el abuso en sus cobros. Esto mismo sucedió con miles de indígenas que fueron defraudados por una cooperativa fantasma de Tlapa, que logró amasar millones de pesos con la complicidad de las autoridades municipales y estatales, que por su indolencia nunca verificaron la situación legal de esta empresa hechiza. Desde el mes de septiembre hasta fecha las familias defraudadas siguen plantados en el domicilio de la defraudadora, sin encontrar una respuesta por parte de las autoridades competentes, para dar con ella y exigir que reintegre el dinero robado. En esta misma circunstancia se encuentra la empresa Finatlax, S.A de C.V, cuya sede está en Tlaxiaco Oaxaca y que el pasado 18 de diciembre fueron detenidos el dueño y el representante legal de esta empresa, presuntamente por el delito de fraude. Es muy probable que en el mes de enero la empresa de Productos Amor, enfrente el mismo problema de liquides con los miles de socios que tiene en la Montaña. Mientras tanto ninguna autoridad se hace responsable para investigar a  las empresas que se han asentado en esta región y que lucran con el dinero, que con gran trabajo la gente ha podido ahorrar.

En medio de este panorama desolador, los guerrerenses enfrentamos las consecuencias de la militarización que por órdenes presidenciables ha tomado el mando en el diseño y aplicación de la estrategia bélica contra el narcotráfico y en la lucha contrainsurgente. Desde el 20 de diciembre de 2008, cuando aparecieron decapitados 8 militares, el ejército mexicano tomó el control de varias ciudades y desplazó a las corporaciones policías tanto municipales, estatales y federales. Sin ningún contrapeso y monitoreo por parte de las autoridades civiles, allanaron domicilios, detuvieron ilegalmente a varias personas, las intimidaron, las amenazaron, algunas sufrieron lesiones, otros fueron sometidos a torturas y detenciones arbitrarias. En varias viviendas causaron daños y robos. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), documentó en tan solo 2009, 143 casos de violaciones a los derechos humanos  cometidos por militares, sobresaliendo los allanamientos de morada que ascendió a 95 casos, seguido por las detenciones arbitrarias que documentó 57 casos, 52 relacionados con el ejercicio indebido de sus funciones, 38 de robo, 27 de intimidación, 32 de lesiones, 17 de daños, 13 de amenazas, 6 de tortura y uno de homicidio. Cabe aclarar que en un mismo caso se denunciaron varios hechos violatorios a los derechos humanos.

Todos ellos fueron turnados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que hasta la fecha se desconoce cuántas recomendaciones ha emitido para investigar a los responsables y sancionarlos ante las autoridades competentes. El poder del ejército se ha transformado en una amenaza para la sociedad en su conjunto, porque emerge como un poder de facto que no tiene ningún control legal ni social, y solo propicia la confrontación, elevando los niveles de violencia, debilitando al mismo tiempo a las instituciones democráticas. La militarización en nuestro estado se ha extendido no solo contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, sino que su campo de acción borra la línea que distingue esta lucha criminal con las practicas encubiertas de lucha contrainsurgente, que en este año se dieron en la regiones de la Costa Grande, Tierra Caliente y Costa Chica de Guerrero, donde supuestamente hay presencia de grupos guerrilleros.

El 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, durante la llamada guerra sucia y consideró que ésta formó parte de un contexto de violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos. La sentencia ordena al Estado mexicano que reforme el artículo 57 del código de justicia militar y que reforme también el articulo 215 A, del código penal federal para adecuar la tipificación del delito de desaparición forzada a los estándares internacionales. Ordenó también que se capacite adecuadamente a las fuerzas militares, a los funcionarios judiciales en los límites del fuero militar y en la adecuada investigación en los delitos de desaparición forzada; ordenó además la investigación para sancionar a los responsables, obligó a reparar los daños materiales e inmateriales así como la localización inmediata de Rosendo Radilla. Con esta sentencia lograda a pulso por los familiares y víctimas del delito del pasado y que tiene como imagen emblemática a Tita Radilla, es una muestra clara de cómo es posible lograr los cambios con la fuerza y perseverancia de los de abajo. Este caso desenmascara el vínculo de la impunidad que aún mantienen los gobiernos del pasado con los gobiernos actuales. Lo que hoy sucede con el ejército no es más que una reedición de lo que sucedió en la guerra sucia, por eso no se puede seguir siendo cómplice de estas graves violaciones a los derechos humanos.

El 2009 fue un año trágico para los defensores y defensoras de derechos humanos. La desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales de Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas no sólo enlutaron y dejaron en la orfandad a dos familias, sino que fue una agresión a todo el movimiento de defensores y defensoras de derechos humanos que ha denunciado las graves violaciones que se han consumado contra los indígenas de Ayutla, desde la masacre de El Charco, pasando por las violaciones sexuales de Inés Fernández y de Valentina Rosendo, hasta las últimas incursiones militares que se han dado en la región Me’ Phaa de Ayutla.

Desde el 13 de febrero cuando fueron detenidos de manera ilegal y desaparecidos de forma forzosa, los miembros de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) y los compañeros del la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), son víctimas de amenazas y viven en constante zozobra. Ante el ambiente adverso para la realización de un trabajo seguro de los defensores y ante los graves e inminentes riesgos de sufrir otra agresión fatal, la oficina de Tlachinollan en Ayutla tuvo que cerrar sus puertas desde mediados del mes de febrero. Para hacer frente  a la multiplicidad de amenazas los compañeros y compañeras de la OPIM, como Obtilia Eugenio Manuel y la familia de Inés Fernández, al igual que las familias de Guadalupe Castro, viuda de Raúl y Margarita Nieves, viuda de Manuel, así como los miembros de Tlachinollan, la Corte Interamericana, a través de su presidenta otorgó el 9 de abril del presente año medidas provisionales para 107 defensores que trabajan en las regiones de Ayutla y la Montaña alta. A pesar de estas medidas las amenazas persisten, al grado que en este último mes se han interpuesto 5 denuncias, sin que se tengan avances sustantivos en las investigaciones relacionadas con las muertes de Raúl,  Manuel y Lorenzo Fernández Ortega.

A pesar de que Amnistía Internacional declaró  preso de conciencia a Raúl Hernández Abundio, acusado de cometer un homicidio contra un informante del ejército, las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia siguen empecinadas en mantener bajo prisión a un defensor de derechos humanos, que a lo largo del proceso ha demostrado su inocencia, como ya lo hicieron  cuatro de sus compañeros que fueron puestos en libertad por un juez federal. La persecución a los defensores de derechos humanos ha sido la tónica de este gobierno que ha optado por judicializar los problemas de índole social, ubicando fuera de la legalidad a quienes se organizan y luchan por alcanzar mejores condiciones de vida. La intolerancia y falta de canales apropiados para la atención de las demandas y establecimiento de mesas de diálogo ha generado un ambiente adverso para la solución pacifica de los conflictos. Se ha criminalizado la lucha social y se ha estigmatizado a los luchadores y defensores de derechos humanos como Máximo Mójica, David Valtierra, Javier Monroy y los compañeros y compañeras del Tadeco. Dos casos recientes son las amenazas telefónicas que han sufrido los miembros del Taller de Desarrollo Comunitario, por su trabajo persistente de denuncia sobre casos de desaparecidos, y también el caso emblemático del periodista Juan Angulo, quien ha sido hostigado y sometido a un procedimiento penal, solo por ejercer de manera crítica e independiente su trabajo periodístico.

Un hecho que conmocionó a la sociedad guerrerense y a la clase política del estado fue el artero asesinato del diputado local Armando Chavarría Barrera, presidente de la Comisión de Gobierno, que a más de cuatro meses no se tiene un avance serio en las investigaciones ministeriales, por el contrario, se ha permitido la denigración de su imagen y de su trayectoria política, y de manera poco profesional las autoridades competentes han realizado pesquisas fallidas que solo generan animadversión y desconfianza hacia el órgano investigador.

En medio del dolor y la desesperanza, el 2009 ha sido un año fecundo para los pueblos y organizaciones sociales que luchan por la justicia y los derechos humanos, un año que ha vigorizado los movimientos de resistencia y  ha fortalecido las convicciones de que  se tiene que trabajar desde abajo y con los de abajo,  para construir los cambios que necesita nuestro estado, para acabar con la desigualdad y la discriminación, y para poder contemplar la justicia como una realidad tangible.