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Comunicados
Liberan a los indígenas me´phaa presos de conciencia

Fecha: 19/03/2009
Ayutla de los Libres, Guerrero México, a 19 de marzo de 2009.- A casi un año de que fueron encarcelados injustamente en el penal de Ayutla señalados como presuntos responsables del homicidio de un informante del Ejército, cuatro de los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) fueron puestos en libertad la tarde de hoy jueves.

Raúl Hernández Abundió es el quinto indígena me´phaa que lamentablemente permanecerá recluido, no obstante, esto no significa que él sea culpable del hecho por el que fue detenido junto con sus cuatro compañeros, el 17 de abril del 2008; sino que en su caso especifico el Poder Judicial Federal señala que su inocencia se tiene que demostrar en el proceso que se sigue en el Juzgado Mixto de Primera Instancia radicado en Ayutla.

La libertad de Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio Ortega Cruz y Romualdo Santiago Enedina, más allá de simbolizar un acto de justicia para el pueblo me´phaa, es una muestra de que en Guerrero se utilizan los aparatos de justicia para perseguir y encarcelar a los defensores de derechos humanos.

Ayer miércoles 18 de marzo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien asumió la defensa de los cinco inculpados, fueron notificados por la juez Octava de Distrito con sede en Acapulco, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, sobre la confirmación que hizo el Poder Judicial Federal de su sentencia de amparo que emitió -el 15 de octubre- a favor de cuatro de los cinco me´phaa encarcelados. La resolución desechó el recurso de revisión que el 30 de octubre del año pasado presentó un agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del fallo que emitió la juez.

Los defensores de derechos humanos de El Camalote favorecidos con el fallo del Poder Judicial Federal, no fueron puestos en libertad ayer, debido a que fue hasta hoy jueves a las 9:30 de la mañana, cuando que el juez Mixto de Primera Instancia radicado en Ayutla, Alfredo Sánchez Sánchez recibió la notificación del Juzgado Octavo de Distrito, vía telegráfica.

Tras unas cinco horas de trámites en el Juzgado Mixto de Ayutla, los cuatro indígenas salieron de la cárcel aproximadamente a las 2 de la tarde. Afuera los esperaban sus esposas e hijos así como compañeros de la OPIM que gritaban consignas y desplegaron mantas con la leyenda ¡Alza tu voz por su libertad! que es el lema de la campaña que Tlachinollan y la OPIM arrancaron el pasado 5 de febrero, para exigir la libertad de los cinco presos.

“Vamos a seguir luchando para sacar a nuestro compañero”: presos.

En entrevista con medios de comunicación afuera de la cárcel de Ayutla, el ahora ex preso Orlando Manzanarez Lorenzo dijo que al igual que sus tres compañeros se sentía contento por estar ya en libertad, pero que también estaban conscientes de que “vamos a seguir luchando para sacar a Raúl, el compañero que se queda preso”.

Coincidieron con él sus compañeros, aunque Manuel Cruz Victoriano alertó que también “tenemos miedo porque el gobierno nos persigue, y nos preocupa más, porque estamos enterados de que fueron asesinados nuestros compañeros mixtecos Raúl (Lucas Lucía) y Manuel (Ponce Rosas)”.

Como Centro de Derechos Humanos consideramos que la liberación de los presos de conciencia me´phaa, da cuenta de la ausencia de condiciones de trabajo de las y los defensores de derechos humanos en Guerrero, pues la resolución del Poder Judicial Federal no sólo acredita la falta de elementos para acusar a los integrantes de la OPIM, sino que corrobora lo que ha expresado Amnistía Internacional en términos de que se fabricó un expediente para perseguir a los cinco compañeros a causa de su trabajo como defensores de los derechos colectivos de los indígenas.

También estimamos que este caso hace evidente la condición de vulnerabilidad e indefensión que sufren los defensores de derechos humanos en Guerrero, pues aún cuando es la misma Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) la encargada de garantizar la seguridad de los defensores e investigar los casos de amenazas e intimidación contra de éstos, es esta misma la que integra expedientes de acusación y fabrica delitos. Muestra de ello es que a pesar de que la desaparición forzada de los dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (PFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fue denunciada por sus esposas, la Procuraduría se negó a abrir una investigación.

Esta situación de igual modo se patentiza en el tema de la seguridad de los mismos presos de conciencia, pues horas antes de que fueran liberados empezaron a circular rumores sobre posibles agresiones físicas o atentados contra su vida. Esto aunado a las aproximadamente 10 amenazas que de las que la OPIM ha dado cuenta a las autoridades.

Agregamos que la aprehensión y encarcelamiento de los cinco indígenas, no es un hecho aislado pues del 2005 a la fecha, Tlachinollan ha documentado 218 casos de criminalización a defensores de derechos humanos.

 

 

 
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