Organizaciones mexicanas hacen un llamado al Congreso estadounidense sobre la alarmante situación de violaciones a derechos humanos en el páis.
Carta de ONG's mexicanas al congreso estadounidense sobre la ayuda militar a México
En el marco de la consideración que el Congreso de Estados Unidos hace sobre apoyos adicionales en materia de seguridad para México, más de 70 organizaciones de derechos humanos mexicanas enviaron una carta a los encargados en la Cámara Baja y el Senado de los Subcomités de Asignaciones para el Estado, Operaciones en el Exterior y Otros Programas, instando a una reconsideración de la propuesta de financiamiento militar.
Haciendo referencia al aumento dramático en violaciones a los derechos humanos por los militares mexicanos, la carta hace un llamado para un enfoque más integral a la crisis de seguridad en México que enfrente las raíces del narcotráfico y la inseguridad.
La carta solicita que la Iniciativa Mérida y otros programas en apoyo a la seguridad pública en México no designen fondos o programas a las fuerzas armadas mexicanas y que se reasigne la asistencia prevista para México para el fortalecimiento de las instituciones civiles, buscando soluciones más integrales a la violencia. Cualquier respuesta para enfrentar a la violencia relacionada al narcotráfico también debe incluir medidas para reducir la demanda de drogas en ambos países, incluyendo el acceso a programas de tratamiento y una reducción del flujo de armas desde Estados Unidos.
This week as Congress is considering additional security funding for Mexico, a letter signed by over 70 Mexican human rights organizations was sent to ranking members of the House and Senate Appropriations Subcommittee on State, Foreign Operations, and Related Programs, urging a reconsideration of proposed military funding. Citing a dramatic increase in human rights abuses by the Mexican military, the letter calls for a comprehensive approach to the security crisis in Mexico which tackles the root causes of drug trafficking and insecurity.
The letter requests that the Merida Initiative and other programs that support public security in Mexico do not allocate funds or direct programs to the Mexican armed forces and advocates that the proposed assistance to Mexico be reassigned to strengthening civilian institutions, looking to holistic solutions to violence. Any responses to drug-related violence must also include measures to reduce demand in both countries, including access to drug treatment programs, and a reduction in the flow of arms from the United States.
