México, D.F. a 27 de mayo de 2009

El próximo 11 de junio el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobará el informe definitivo resultado del Examen Periódico Universal (EPU), sobre la situación de los derechos humanos en el país. En esa misma ocasión la delegación mexicana deberá explicar si aceptará o no las 8 recomendaciones que dejó pendientes y una de las cuales se refiere a los crímenes del pasado.

“Restablecer la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado o crear una oficina similar, para enviar una clara señal en la lucha contra la impunidad. (Bélgica)”

Al respecto las víctimas, organizaciones de familiares y de derechos humanos, que suscribimos el presente documento, manifestamos lo siguiente:

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), sin resultados en términos de justicia y verdad, fue concluida el 30 de noviembre de 2006 por el entonces Procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, por medio de un acuerdo firmado el 30 de noviembre de 2006. Ultimo día de la administración de Vicente Fox.

Felipe Calderón publicó el anterior acuerdo en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 2007 y de esta manera ratificó la decisión de desaparecer la FEMOSPP:

De entonces a la fecha prácticamente las averiguaciones previas que quedaron bajo la responsabilidad de la Coordinación General de Investigación no han tenido mayor avance.

Dada la impunidad prevaleciente, otros casos como el de Rosendo Radilla, luego de nueve años de iniciado el proceso, está siendo examinado por la Corte Interamericana; pues la ineficacia de las instituciones mexicanas ha obligado a recurrir a las instancias internacionales.

Desde el inicio de este gobierno, no se ha dado una explicación pública de la manera cómo investigará los delitos del pasado, aunque en los hechos ha dejado que la impunidad prevalezca.

Por tanto, resulta relevante que la recomendación relativa al restablecimiento de la FEMOSPP o una oficina equivalente haya sido una de las no aceptadas como parte del EPU, pues eso llevaría a perpetuar la falta de acción del Estado para garantizar el derecho a la verdad, justicia, reparación y verdad.

Las víctimas, organizaciones de familiares y de Derechos Humanos exigimos:

1.    Que la Secretaría de Gobernación, quien encabezó la delegación mexicana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, informe públicamente de cuál será la respuesta final que dará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
2.    Que reciba a los integrantes de las organizaciones que suscribimos el presente documento, para discutir las razones que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.