26 de mayo de 2009

-     Los agentes federales de investigación que aducen haber sido secuestrados por tres mujeres indígenas, incurrieron en nuevas contradicciones.
 
-     Testigos corroboraron que los propios AFIS entablaron una negociación con comerciantes de Santiago Mexquititlán, entre los cuales no estaba Jacinta
 
-     En breve, el proceso concluirá nuevamente y podrá dictarse sentencia; considerando las pruebas desahogadas, ésta deberá ser absolutoria.

Los días 20, 21, 22, 25 y 26 de mayo se llevaron a cabo diversas diligencias judiciales en el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en la ciudad de Querétaro, dentro del proceso seguido a Jacinta Francisco Marcial y a otras dos mujeres, en cumplimiento de la reposición de procedimiento ordenada por el Tribunal Unitario que conoció el caso en segunda instancia.

Cabe recordar que Jacinta, mujer indígena otomí, fue acusada en agosto de 2006 de haber secuestrado a seis elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, junto con Teresa González y Alberta Alcántara.  

En el desahogo de pruebas realizado en días pasados, la inocencia de Jacinta fue plenamente corroborada. A las diligencias se presentaron algunos de los policías federales que se dicen víctimas de las tres mujeres, y mostraron nuevamente la inconsistencia de su versión de los hechos, al no poder establecer clara y precisamente cómo es que estos ocurrieron. Al ser careados, los agentes reconocieron que habían entablado una negociación con algunos comerciantes que reclamaban el pago de la mercancía que les había sido confiscada arbitrariamente; además, aceptaron que en ningún momento habían estado incomunicados.

Los testigos de descargo, por su parte, reiteraron contundentemente que Jacinta no había intervenido en los hechos y se refirieron al cariño y al respeto que por ella tiene su comunidad.

Las audiencias celebradas recientemente no carecieron de las irregularidades que desde el inicio han viciado el juicio de Jacinta. Aunque la defensa lo solicitó oportuna y formalmente, el Juez Cuarto de Distrito se negó a facilitar intérprete del otomí a testigos indígenas de Santiago Mexquititlán que lo requerían por ser su derecho.       

Tras el desahogo de las pruebas ordenadas por el Tribunal Unitario, el juicio podrá ser cerrado de nueva cuenta, y el Juzgado Cuarto estará en condiciones de dictar una nueva sentencia. Considerando los elementos de prueba existentes, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) confía que la sentencia absolverá a Jacinta y pondrá fin a una injusticia que se ha prolongado por cerca de tres años. Entretanto, Jacinta continúa privada de su libertad en el CERESO Femenil de San José el Alto.

Nuevamente, el Centro Prodh llama a la opinión pública nacional e internacional a mantener la atención en el caso, mismo que a nuestro juicio es paradigmático de las deficiencias de la  justicia mexicana que lacera sobre todo a quienes por su situación étnica, social o de género son juzgados con inequidad; tanto como del uso desviado y abusivo del delito de secuestro en la persecución penal de colectivos que expresan su protesta o rechazo por la acción ilegal de las autoridades.