Hace seis años, cuando el Presidente Calderón declaró la “guerra” al crimen organizado, ninguno de nosotros pudo imaginar el impacto que esta política tendría en los derechos humanos: más de 50,000 personas han muerto mientras que los cárteles de drogas no pierden su poder. Es claro que la política del Presidente Calderón no es la solución a la crisis de violencia, y por el contrario contribuye su incremento.  

Asimismo, es falso que México enfrente una guerra entre el bien y el mal. En estados como Guerrero, la línea entre el gobierno y los criminales es en ocasiones difícil de distinguir.

Dado que la administración del Presidente Calderón está por terminar, es tiempo de evaluar los esfuerzos hechos; en este sentido, presentaremos cuatro preocupaciones concretas desde una perspectiva de los derechos humanos.

Nuestra primera preocupación es el uso del Ejército como pieza central de la política nacional de seguridad.

Los abusos de derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas se han incrementado dramáticamente desde el 2006 como consecuencia directa de la guerra contra las drogas: las quejas se han incrementado en más de 600% en comparación con la administración pasada.

El despliegue militar nunca ha sido acompañado por la rendición de cuentas. Cuando los soldados son acusados de violaciones de derechos humanos, el Ejército mantiene los casos bajo su jurisdicción, teniendo por resultado impunidad. Hemos documentado casos de violación sexual y tortura por soldados que demuestran esto, como los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en los cuáles, aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado a su favor, los soldados responsables todavía no han sido castigados.

Sólo hace dos semanas, un importante esfuerzo de la Comisión de Justicia de nuestro Senado por excluir violaciones de derechos humanos en contra de civiles de la jurisdicción militar fue abruptamente detenido, cuando altos mandos del Ejército intervinieron en negociaciones con líderes de diversos partidos.

Por lo tanto, las víctimas tendrán que continuar luchando en los tribunales para intentar sustraer sus casos fuera de la jurisdicción militar. Esto ha ocurrido en el caso de Bonfilio Rubio.

Bonfilio Rubio era un joven indígena ejecutado extrajudicialmete por elementos del Ejército en Guerrero en el 2009, cuando soldados dispararon al autobús donde estaba viajando al alejarse de un retén militar. Aún cuando el Presidente Calderón ordenó al Ejército remitir este tipo de casos a las autoridades civiles y después de que un Juez federal había determinado que su caso no podía mantenerse bajo el sistema de justicia militar, en enero de 2012, el Ejército apeló a dicha sentencia defendiendo su jurisdicción. Actualmente el caso se encuentra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y puede convertirse en el primer fallo obligatorio en contra del uso del fuero militar en casos de violaciones de derechos humanos cometidas en contra de civiles.

Con su asistencia, los Estados Unidos no deben de olvidar que al estar el Ejército desempeñando tareas de seguridad, se producen violaciones de derechos humanos que se mantendrán sin castigo mientras las investigaciones sean conducidas bajo el fuero militar.

Nuestra segunda preocupación es la rendición de cuentas por abusos policiales.

El Ejército no es la única fuerza de seguridad cometiendo violaciones de derechos humanos en México. Elementos de la policía, al nivel federal, estatal y municipal están frecuentemente involucrados en abusos mientras que los controles internos y externos no están adecuados para permitir una rendición de cuentas. La Policía Federal mantiene estas fallas, como lo hemos sufrido recientemente en Guerrero, en un caso que nos permitirá hablar también sobre nuestra tercera preocupación, en relación a la reforma al sistema de justicia penal.

El 12 de Diciembre del 2011, en Chilpancingo, Guerrero, elementos de la Policía Federal, junto a elementos de la policía estatal, abrieron fuego en contra de una protesta estudiantil causando una violenta revuelta que culminó con la terrible muerte de tres personas, dos de estas jóvenes estudiantes. Ciento sesenta y ocho elementos de la policía estuvieron involucrados, de los cuales más de 90 llevaban consigo armas largas de fuego, mientras que ninguno de los estudiantes iba armado.

Lo que sucedió ahí revela la verdad sobre la Policía Federal, una fuerza supuestamente reconstituida que se ha visto ampliamente beneficiada por la asistencia de EE. UU., y frecuentemente presentada como el gran éxito de la administración de Calderón. En los hechos, fueron elementos de la Policía Federal quienes abrieron fuego en contra de los jóvenes estudiantes desarmados y después de los hechos, la policía no cooperó con la investigación conducida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Al día de hoy, ningún elemento de la Policía Federal ha sido imputado como responsable.

Reportes de abusos por parte de la Policía Federal se han vuelto más severos: esta supuesta reformada policía repite los mismos viejos vicios. La asistencia de EE.UU. debe de considerar que sin una verdadera rendición de cuentas, el fortalecimiento institucional y nuevo equipamiento no serán suficientes para construir fuerzas policiales fuertes y democráticas. Esto debe incluir a la Policía Federal, pero también a la Policía Ministerial a nivel estatal, que son nuestra tercera preocupación.

La preocupación relacionada con la policía ministerial no es nueva. Al monitorear las fuerzas policiales en la Montaña hemos registrado casi 200 casos relacionados con abusos de la policía ministerial en los últimos 4 años, que equivalen a más del 40% de los casos que hemos documentado. Sin embargo, el día de hoy, la policía ministerial no es solamente responsable de violaciones de derechos humanos, sino que también está profundamente infiltrada por los carteles del crimen organizado.

El caso mencionado es emblemático en este sentido. Después del violento ataque a los estudiantes, 24 personas fueron detenidas y Gerardo Torres Pérez de 20 años de edad fue severamente torturado por elementos de la Policía Ministerial de Guerrero. El joven estudiante recuperó su libertad pero nadie ha sido acusado por la tortura que sufrió hasta ahora, en parte porque es bien conocido en Guerrero que algunos de los elementos implicados tienen suertes lazos con el crimen organizado.


En Guerreo y en otros estados, las fallas, los abusos y la corrupción de la policía ministerial ponen en riesgo de socavar el éxito de la reforma al sistema de justicia penal en México. La reforma, que como ustedes lo saben es fuertemente apoyada por la asistencia de EE.UU., fracasará si la policía ministerial no es depurada y reconstruida.

Finalmente, quisiéramos decir unas cuantas palabras sobre la protección a las víctimas, a las y los defensores de derechos humanos y de los periodistas.

La sociedad civil es clave para superar la crisis de violencia en México, sin embargo, su participación activa enfrenta graves amenazas. Esto es aún más grave en estados como Guerrero. Por ejemplo, Valentina Rosendo Cantú, cuyo caso hemos mencionado previamente, ha debido mudarse de su residencia en diferentes ocasiones después de constantes amenazas en los últimos años. El día de hoy ella vive en un lugar confidencial.

En cuanto a las y los defensores de derechos humanos, vivimos bajo gran riesgo: este año 62 defensoras y defensores han sido atacados y 5 asesinados.

Acabar con la impunidad de las violaciones de derechos humanos es una de las mejores maneras para construir instituciones sólidas. Es fundamental que EE.UU. continúe reconociendo la relevancia del trabajo independiente de derechos humanos en México. En este sentido, audiencias como esta son de extrema importancia.

Para concluir, acciones básicas tomadas en este lado de la frontera, como reducción de la demanda de drogas ilícitas o medidas en contra del tráfico de armas de alto calibre hacia México, pueden coadyuvar a reducir la violencia. Una perspectiva social también es importante, considerando que en regiones como la Montaña de Guerrero algunas comunidades crecen cultivos ilícitos como una forma de sobrevivir a las carencias extremas.

En cuanto a la asistencia de EE.UU. al Gobierno mexicano, es extremadamente importante presionar por acciones de largo plazo para reforzar instituciones civiles mexicanas y para llevar acabo rendición de cuentas a todos los niveles. De lo contrario, la asistencia de EE.UU. se irá directo a autoridades que sistemáticamente violan derechos humanos.

Gracias.