Tlapa, Guerrero.

Las organizaciones firmantes,  externamos nuestra preocupación por el reciente anuncio del gobernador Ángel Aguirre Rivero  referente a que en breve iniciará el reemplazo de policías que se encuentren en edad de jubilación o que no hayan aprobado los exámenes de acreditación por elementos del Ejército, para evitar con ello el trámite de tres meses que dura la acreditación (1).

1) A razón de que la militarización de las filas de las instituciones de seguridad pública va en sentido contrario a los estándares internacionales en materia de seguridad ciudadana. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “…los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales…”(2) .
 
2) Al reemplazar a elementos policiales por militares, el estado de Guerrero estaría, eludiendo la obligación de profesionalizar y acreditar a los servidores públicos que integren las fuerzan policiales. Ello también va en contra de estándares internacionales, particularmente aquellos referentes a la  necesidad de capacitar y elaborar políticas preventivas y no reactivas. También contraviene lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2009, que establece marcos para la selección y profesionalización de la policía.

Preocupa enormemente que la política de  militarización (3) de la seguridad que se impulsa en el ámbito federal se siga extendiendo a Guerrero como observamos con las declaraciones del Gobernador. Particularmente, porque ha resultado ser inefectiva, como lo demuestran las experiencias en Chihuahua y Nuevo León, pero también porque no existen garantías respecto al proceso de rendición de cuentas  al que se sujetarán dichos elementos castrenses si incurren en abusos: no se explica si dejan las filas del Ejército para convertirse en civiles o si permanecen en el activo de las Fuerzas Armadas.

El Monitor Civil de las Fuerzas de Seguridad de la Montaña (MOCIPOL), proyecto creado por Tlachinollan, el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE) y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, en su informe Desde la mirada ciudadana publicado en diciembre 2011, señaló que la militarización de las instituciones de seguridad pública no es un fenómeno reciente en el país y tampoco en Guerrero. Esta expansión de la participación del Ejército en  tareas de seguridad pública ha supuesto un desplazamiento de mandos policiales por servidores públicos adscritos al Ejército,  incluso en las áreas encargadas de la selección y formación de policías. A su vez, del  total de casos documenta dos entre noviembre 2007 y mayo 2011, dicho informe concluyó que las   más graves violaciones a los derechos humanos  fueron cometidas por miembros del Ejército.

Frente a las condiciones de inseguridad prevalecientes, reiteramos que las autoridades estatales, más que apostar por la militarización de las policías, deben impulsar la modernización de estas instituciones para enfrentar los retos que plantea el configurar entornos equitativos, habitables, seguros y democráticos. Por ello, desmilitarizar a la policía y refundarla impulsando su misión civilista y su vocación ciudadana deben ser las características del proceso de reforma policial en Guerrero.



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1  Cfr. Entre otros, La Jornada Guerrero, 9 de mayo de 2012.

2  Corte I.D.H., Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C No. 150, párrafo 78.

3  Llamamos militarización de la seguridad pública a la sostenida y creciente participación directa de los militares en operaciones de naturaleza policial, que comprende tanto el despliegue de la fuerza castrense en centros urbanos y comunidades rurales; como el impulso de reformas legislativas para ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas y la designación de mandos castrenses, en activo o ya retirados, en cargos directivos de las policías y otras instancias de seguridad pública o procuración de justicia en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Fuente: Tlachinollan.