LOS MIGRANTES: EXPULSADOS, PERSEGUIDOS Y CRIMINALIZADOS
 ALLÁ Y AQUÍ.

El pasado martes 3 de mayo en el noticiero conducido por Joaquín López Dóriga fue presentada información e imágenes de una razzia indiscriminada en contra de migrantes, en la que participaron agentes de la policía federal preventiva, de la Agencia Federal de  Investigaciones y de la policía estatal de Sonora. El resultado, según la nota, fue la aprehensión de más de una docena de ciudadanos  mexicanos y de algunos centroamericanos. Dicho operativo incluyó cateos en decenas de posadas, albergues y hoteles en la ciudad de Caborca, Sonora, próxima a la frontera de Arizona.

El énfasis de la nota periodística era la persecución de polleros engañadores, la lucha contra el tráfico de personas y la proliferación de hoteles y posadas donde los migrantes se alojan hacinados en literas de cuatro pisos.

Respecto de estos hechos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS, A. C., integrada por 54 organizaciones, expresa los siguientes puntos de vista:

Es necesario insistir que el migrar o pretender migrar no es un delito; sin embargo, estos operativos terminan afectando sobre todo los migrantes, pues son ellos los que en muchos casos resultan víctimas de detenciones arbitrarias u otras arbitrariedades. Por otro lado, dichos operativos, a pesar de su espectacularidad, nunca tocan a las mafias organizadas de trafico de personas. Estas en su mayoría sigue intactas y actuando.

En la misma nota se informaba que las policías involucradas contaban con ordenes de cateo, pero en realidad no vimos la realización de cateos con objetivos concretos, sino razzias indiscriminadas en donde a muchos se les detenía por el simple hecho de ser migrantes. Estos operativos criminalizan la migración en los hechos.

La Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas en su informe luego de su visita a México y Estados Unidos en el 2002 insistió que “la lucha contra la trata y el tráfico de personas debe realizarse desde el respeto de los derechos humanos de sus víctimas.” Esto parece haber quedado en el olvido.

Días antes la televisión ponía al tanto a la opinión pública y al propio gobierno de que los mexicanos ahora estaban buscando paso por Palomas debido a la persecución de los rancheros armados al norte de Sonoíta. La única acción que se le ocurrió al gobierno mexicano fue la realización de un operativo en los lugares donde ahora los migrantes son obligados cruzar. El mismo noticiero reportaba que en esa zona, en lo que va del año, han muerto más de 200 migrantes. Es decir a una situación ya de por sí difícil se la hace más difícil aún.

En complicidad con la violencia racista nortamericana, el operativo de Caborca se organizó justamente al sur de la región de Arizona donde los Minuteman estuvieron persiguiendo a los inmigrantes indocumentados durante varias semanas y además avalados por el  Gobernador de California.

Es necesario recordar que desde hace varios años el gobierno estadounidense empezó a sellar la frontera de Tijuana hacia el oriente hasta obligar a los indocumentados a buscar cruzar por las llanuras y desiertos de Arizona. El operativo militar de los minuteman vino a completar con armas de fuego la iniciativa reciente de la migra norteamericana de balear con proyectiles de goma a los que cruzan. Ahora son las autoridades mexicanas las que cierran el cerco de este lado de la frontera en flagrantre operación bélica binacional concertada en contra de campesinos y trabajadores mexicanos que solamente buscan ejercer su derecho a un trabajo remunerado.

En lugar de que el gobierno mexicano hiciera una protesta y denuncia formal  de la connivencia del gobierno de Estados Unidos con las asonadas ilegales de los rancheros de Arizona, se conformó con un débil reclamo que se acerca mucho a la complicidad, y ahora se une a su estrategia represiva.

El gobierno mexicano no debe olvidar lo dicho por la Relatora Especial. “La Relatora especial observó la convicción que tienen los migrantes de encontrar un trabajo y una mejor calidad de vida en los Estados Unidos, frente a la imposibilidad que sienten de poder lograrlo en su país de origen.” La anterior realidad se impone y los operativos como el mencionado sólo incrementa la vulnerabilidad de los migrantes.

Es claro también que nuestro gobierno debiera incrementar la denuncia en contra de la política norteamericana que se niega sistemáticamente a establecer medidas que respeten los derechos humanos de los migrantes; así como demandar de los Estados Unidos que implementen política propias en aspectos como los señalados por la Relatora Especial:

·    Mientras reconoce el derecho de los Estados Unidos a proteger sus fronteras, la Relatora Especial quisiera recibir garantía de que todas las medidas tomadas para ese fin tengan en cuenta el respeto del derecho a la vida.

·    En relación con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Relatora opina que tratado de tales dimensiones debería contemplar también la circulación segura y justa de los trabajadores migrantes entre sus estados parte.

·    La Relatora Especial considera que tanto en los Estados Unidos como en México son necesarias campañas contra la discriminación y la xenofobia hacia los migrantes.

La principal obligación del gobierno mexicano es con los migrantes y entonces éste debe hacer todo lo necesario para asegurar su vida e integridad.